UP, un sector de la UCR, el larretismo y fuerzas locales lograron el cuórum. Lousteau cruzó a Atauche. Los proyectos de los gobernadores, al final.
José Mayans, jefe de Unión por la Patria, líder de la oposición.
Javier Milei no pudo detener la sesión pedida por la oposición en el Senado para tratar proyectos que resiste por su impacto fiscal, como son los que piden los gobernadores para sumar fondos y los tres aprobados en Diputados: emergencia en discapacidad, aumento de jubilaciones y prórroga de moratoria previsional. El oficialismo anunció que impugnará la reunión.
La sesión tuvo cuórum holgado, para el que eran necesarias sólo 37 bancas ocupadas. Estuvo Unión por la Patria (UP) -que tiene 34 miembros y sólo un ausente- y ayudaron Guadalupe Tagliaferri (PRO), Martín Lousteau, Pablo Blanco, Eduardo Vishi, Maximiliano Abad, Flavio Fama (UCR), Natalia Gadano y José Carambia (Santa Cruz), Beatriz Ávila (aliada Pro) y Mónica Silva (Río Negro).
La Libertad Avanza (LLA) ni se preocupó por las presencias y por eso hubo 12 bancas vacías, entre propios y aliados. Es que el oficialismo jugó otra carta: el jefe de la bancada, Ezequiel Atauche, anunció que impugnará la sesión por considerarla ilegítima.
Fue un desafío directo a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien abrió el recinto y facilitó el debate. En esa línea, en su cuenta de X, Patricia Bullrich le pidió a la vicepresidenta que abandonara el recinto. No lo logró.
En chat permanente con Santiago Caputo, Atauche cuestionó la decisión de la vicepresidenta de permitir la sesión y advirtió que los proyectos terminarán en Tribunales, como había anunciado Milei en una entrevista este miércoles feriado. "Existe incumplimiento de los artículos 20 y 32 del Senado, que señalan que los senadores no pueden convocarse; y que la Presidencia debe llamar a la sesión", sostuvo el senador libertario.
Le contestó el radical Martín Lousteau: "No me dejo de sorprender: hay un senador que plantea que la sesión no es válida y está en su banca hablando", se impactó el economista. El jefe de la bancada UP, José Mayans, anunció que estaba dispuesto a ir a fondo para no cancelar el debate. "Nadie puede impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Si se hace, es un golpe de Estado. Y por eso en cada sesión preparatoria se toma la decisión de definir día y hora de sesión", sostuvo el formoseño. Uno de esos días elegidos, justamente, es el jueves a las 14.
El rechazo a la sesión de Atauche se viralizó rápidamente en las cuentas de x vinculadas a Caputo, pero no logró mayoría en el recinto: el plan de labor de UP tuvo 38 votos a favor y solo 21 en contra. La mayor parte del radicalismo se opuso, porque preferían pisar los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad. Objetan sus dictámenes de comisión, firmados en una sesión autoconvcoada por un grupo de senadores.
Además, había un compromiso de gobernadores más cercanos a la Rosada de no golpear con estos temas y apuntar sólo a los proyectos que impulsaron para sumar fondos a las provincias. Se alistaron en esa postura Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y radicales como Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Este último envió su senadora Mariana Juri a pedir directamente aplazar la sesión. Nadie la tuvo en cuenta. Torres instruyó a Edith Terenzi a exigir que los temas referidos a discapacidad y jubilaciones quedara para otra oportunidad, pero la propuesta tampoco prosperó.
Advertidos, en UP lograron que jubilaciones y discapacidad se debatan al inicio, para de esa manera tener acorralados a los representantes de esas provincias.
No sólo eso: como anticipó Letra P, Villarruel comunicó que su posición era que los dictámenes de estos proyectos no son válidos, pero por pedido de UP habilitó una votación para interpretar esa postura y tuvo una derrota categórica. La moción para validar los despachos se impuso 42 a 17. El oficialismo ni siquiera reunió un tercio.
La sesión tratará en primer orden el aumento a jubilaciones, que contempla una suba del 7.2% y un incremento de 70 a 110 mil pesos del bono mensual. Luego se pondrá en consideración la emergencia en discapacidad, que actualiza y mejora las pensiones, con la creación de nuevos beneficios. También actualiza las prestaciones, el motivo que más consenso reúne.
Estos dos temas tendrían mayoría holgada para ser convertidos en ley con las mismas fuerzas que facilitaron sus dictámenes; mientras que la prórroga de la moratoria previsional, que se votará después, sí tiene detractores. Tal vez ni pueda sancionarse y vuelva con modificaciones a Diputados.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estas iniciativas contemplan un gasto de 1,8% del PBI. El Gobierno asegura que no lograr cubrirla con las fuentes de financiamiento que se contemplan.
Según el temario aprobado, luego se tratará el veto de Milei a la ley que dispuso ayuda financiera a Bahía Blanca -víctima de inundicaciones- y el proyecto de Maximiliano Abad (UCR) para impedir venta de acciones de YPF. Lousteau exigió que esta iniciativa se discuta en privado por la justicia newyorkina podría usar información en contra del país.
Recién para el final de la sesión quedaron los proyectos promovidos por los gobernadores. Fueron presentados la semana pasada y contemplan dos cambios: la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) -que el gobierno retiene- y del impuesto a los combustibles, con la eventual disolución de los fondos fiduciarios que reciben los aportes. Estas iniciativas no fueron dictaminadas, pero cuentan con dos tercios para su aprobación. La Libertad Avanza no la reconocerá. Considera que la sesión es inválida.